Ensenada, Baja California, México, 19 de agosto de 2011. El desarrollo de políticas públicas en México para regular las telecomunicaciones requiere entender las interacciones de todos los sectores asociados (economía, política, cultura, sociología, ingeniería, finazas, entre otros) e identificar, en ese contexto de alta interactividad, aquellos factores clave para diseñar un marco regulatorio integral y, sobre todo, centrado en el ciudadano. Lo anterior se desprende de la presentación Regulación y políticas públicas para fomentar el desarrollo mediante las Telecomunicaciones, que el Dr. Arturo Serrano Santoyo, investigador del CICESE, presentó en el seminario Ciencia, Tecnología y Derecho organizado por El Colegio Nacional y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Dada la importancia de las telecomunicaciones, explicó Arturo Serrano, éstas son ahora un bien social y su regulación reviste vital importancia. Por ejemplo, México tiene del orden de 90 millones de líneas telefónicas y su servicio no sólo permite establecer comunicación entre personas o familias, sino que se ha convertido en un factor de desarrollo.

Por eso, agregó, la Suprema Corte necesita apoyo para entender con mayor precisión los fenómenos que se están dando en el proceso, y generar una perspectiva que permita desarrollar políticas públicas con un enfoque multidisciplinario.

De entrada, definió que las telecomunicaciones no abarcan solamente aspectos tecnológicos, sino también económicos, jurídicos y sociales que no se pueden separar. Hay una relación directa, dijo, entre el producto interno bruto de un país y la condición de sus telecomunicaciones, pues con el advenimiento y penetración de Internet, son ya un bien social y un factor de desarrollo. Sin embargo, “la mayoría de las legislaciones en materia de telecomunicaciones, inclusive la de los países más avanzados, fueron creadas para un tipo de red y un conjunto de servicios basados en una infraestructura de conmutación circuital.

“Por ejemplo, la nueva legislación de México creada en 1995 fue contemplada en condiciones en las que el tráfico de voz era superior al tráfico de datos, y cuando los servicios de larga distancia eran una fuente significativa de ingresos para los proveedores de servicios, particularmente para las redes públicas de telecomunicaciones”.

Así, en los últimos años, la revolución de las tecnologías de información y comunicación (TIC), particularmente la convergencia digital, no sólo ha vuelto obsoletas las tecnologías, modelos de negocio y estructuras industriales, sino también la regulación y las políticas gubernamentales.

Explicó: Los cambios se han estado dando por la fuerza del mercado, las prioridades de capital financiero, las decisiones en las cortes y por una variedad de elementos sociales y políticos. Pero la regulación debe considerar el tema de manera más amplia y mucho más profunda, con un enfoque sociocultural que reconozca las características de nuestro mundo, “repensando”, además, puntos como la preocupación por los mercados, la competencia y los contenidos.

“No sólo por los aspectos de falta de espectro, la incapacidad de gobiernos de controlar los flujos de comunicación, si no más bien, porque las TIC y los nuevos medios representan un desafío a lo que significa ‘ser humano’ y como componentes cruciales de nuestra infraestructura relacional y vida social”, indicó.

De esta manera, aseguró el Dr. Serrano, además de que se requiere una nueva perspectiva y una nueva propuesta -con un nuevo discurso- para destrabar la parálisis actual de la regulación, el principal beneficiario de ésta debe ser el ciudadano.

México constituye uno de los entornos regulatorios en telecomunicaciones más complejos de la actualidad (si no el más complejo), porque cada quien se enfoca en su propia perspectiva sin considerar la posición de otros participantes del ecosistema de telecomunicaciones del país. A eso se le llama reduccionismo. Los abogados lo ven por su lado, los ingenieros lo ven por el suyo, los sociólogos lo ven por el propio, y esto no genera entornos de colaboración conducentes al bienestar del centro de gravedad, que es el ciudadano.

La idea es buscar un enfoque que permita poner en operación una nueva manera de enfocar el problema. Pero atención: no se trata de resolver el problema; se trata de que se pueda plantear el problema de otra manera, poniendo prioridades en el ciudadano, de manera que se pueda llegar a un modelo regulatorio con miras al futuro y que garantice ciertos derechos y facultades, como la privacidad y la interoperabilidad.

Ahí es donde está la nueva ciencia de la complejidad, tratando de poder ver cómo un enfoque de esta naturaleza dé las prioridades para lograr que la regulación tenga un efecto en la población, y no solamente en las empresas o en las políticas públicas, sino en el desarrollo sustentable de las regiones.

Reiteró entonces que las disciplinas involucradas en el entorno regulatorio de las telecomunicaciones abarcan no solamente las leyes y la ingeniería, sino también la economía, sustentabilidad, política, cultura, sociología y finanzas, entre otras.

Por ello, agregó, “el desarrollo de políticas públicas para la regulación en telecomunicaciones requiere del entendimiento de las interacciones entre todos los sectores anteriores. En este contexto, de alta interactividad, la teoría de la complejidad o ciencia de la complejidad ofrece una perspectiva que ayuda, por un lado, a entender las condiciones del entorno y, por otro, a identificar los factores clave para el diseño de un marco regulatorio integral, centrado en el ciudadano y en el desarrollo sustentable de nuestra sociedad.”

Respecto al seminario Ciencia, Tecnología y Derecho, donde presentó su ponencia a principios de julio, dijo que fue coordinado por el ministro José Ramón Cossío Díaz, por parte de la SCJN, y por Francisco Bolívar Zapata, por parte de El Colegio Nacional. Él participó en el quinto módulo, Telecomunicaciones y Derecho, al lado de personalidades como Jaime Deschamps, Federico Kuhlmann, Luis Manuel Pérez de Ancha y Luis Felipe Rodríguez.